La desintegración del Frepaso como partido político tras la fallida gestión del gobierno de la Alianza en 2001, provocó que sus integrantes se reubicaran nuevamente en algunos espacios políticos.Con excepción de los integrantes del Partido Socialista y algunos dirigentes -caso Carlos Raimundi, María América Gonzáles, Jorge Rivas y Eduardo Macaluse, como los más destacados-, que se sumaron al ARI, el resto de sus integrantes eligieron integrarse al esquema político que impulsa el Presidente Néstor Kirchner.
Actualmente estos son los cargos de los ex miembros de esta desaparecida fuerza política:
-Carlos Álvarez, Secretario del Mercosur, designado por el gobierno argentino (diciembre de 2005)
-José Octavio Bordón, Embajador argentino en Estados Unidos.
-Aníbal Ibarra, apoyado por el Presidente Kirchner en la elecciones para Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en 2003 y actual candidato a legislador porteño por la lista kirchnerista de Daniel Filmus en la compulsa para elegir nuevo intendente de Buenos Aires.
-Nilda Garré, primero Embajadora en Venezuela y luego designada Ministra de Defensa.
-Graciela Ocaña, interventora en el Pami y presidente a nivel nacional del Frente para la Victoria, el partido de Néstor Kirchner.
-Alicia Castro, Embajadora en Venezuela.
-Darío Alesandro, Embajador en Cuba.
-Diana Conti, Diputada Nacional por el Frente para la Victoria.
La “centroizquierda progresista”
Los referentes del Frepaso encuentran motivos para apoyar el proyecto del Presidente Kirchner: la implementación de una política económica que se contrapone -en algunas de sus medidas- a la del neoliberalismo de los mandatos de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa y la gestión en derechos humanos, que tiene como su expresión más sobresaliente la derogación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Concretamente, la instrumentación de un sesgo “progresista” avala el compromiso frepasista con esta nueva etapa política.
No obstante, no es honesto políticamente destacar la parte que conviene, aunque deberíamos acostumbrarnos, porque es moneda corriente este tipo de conductas de los dirigente políticos argentinos.
Con respecto a la economía, es hipócrita no querer recordar que Kirchner, cuando era gobernador de su provincia, apoyó el rumbo económico del gobierno de Menem -rechazada en partes de sus lineamientos por el Frepaso (enfocado en las desigualdades sociales del modelo), aunque no de forma tan contundente como se podría esperar de un proyecto que se proclamaba progresista-, presentándose como uno de los más fervientes entusiastas de la privatización de YPF.
En derechos humanos, tampoco se puede obviar la violencia con que se aborda el conflicto docente en Santa Cruz. (Kirchner continúa ejerciendo un dominio absoluto de las huestes provinciales: provocó las renuncias de los ex gobernadores Sergio Acevedo y Carlos Sancho e impulsó recientemente la llegada al gobierno de Daniel Peralta, diputado provincial de su extrema confianza).
El intento por tener bajo control la situación ha llevado a instalar, según denuncian los maestros, la Gendarmería Nacional en las escuelas.
Además se denuncian persecuciones con el intento de desarmar el reclamo por aumento de salarios
Muy contrario a lo que se esgrime desde el discurso oficial sobre los derechos humanos, se “aprieta” a los manifestantes para que cesen con sus demandas y como corolario de un enfrentamiento de maestros y empleados municipales con la policía, resultaron heridos 15 manifestantes.
Respetar los derechos de las personas en su integridad también es no reprimir con la brutalidad con se procedió en Santa Cruz.
Y, más allá de los discursos y de los anuncios rimbombantes de campaña, garantizar la educación en todo el país. Pese a que los fondos para el pago de los salarios docentes corresponden a las provincias, el Estado Nacional no puede permanecer al margen y debe ayudar, si es necesario como en este caso y de otras provincias, enviando recursos para satisfacer los reclamos educativos.
“La corrupción”
El aspecto central que cuestionó el Frepaso durante el desarrollo de la “década menemista” pasó por sindicar la escandalosa corrupción y falta de transparencia de los actos de gobierno.
Todas estas denuncias estaban en lo cierto y los procesos judiciales acometidos -y los que todavía siguen su curso- ratifican que la impudicia menemista fue evidente y marcada, probablemente nunca antes vista.
Como contrapartida, ningún comentario se ha escuchado desde quiénes lo conformaban sobre una presunta coima de 17 millones de pesos que la empresa sueca Skanska reconoció haber pagado en 2005 -a través de la emisión de 118 facturas apócrifas a empresas fantasmas- para que le fuera adjudicada las obras de ampliación de un gasoducto en la ciudad de Deán Funes, Córdoba.
Estas contrataciones fueron hecha bajo la órbita del Ministerio de Planificación, que conduce Julio De Vido: sus primeros coletazos son el despido, por parte del Presidente Kirchner, de Fulvio Madaro -presidente de Enargas- y de Néstor Ulloa -gerente de Fideicomisos del Banco Nación-.
Nada se ha dicho sobre la investigación sobre presuntas irregularidades cometidas en la Secretaría de Transporte de la Nación, que conduce Ricardo Jaime.
Algunas de las denuncias contra Jaime son: el proceso consustanciado por el fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, por la compra directa con sobreprecio de 15 locomotoras provenientes de Japón; el pago de sobreprecios por el recambio de 120 vagones del ferrocarril Belgrano Norte e irregularidades en el pago de subsidios a las empresas que prestan el servicio de subterráneos y a la ex compañía aérea Southern Winds.
Otro asunto cuestionable que llena de sospechas es el “Caso Greco”: la decisión de aprobar el pago de una indemnización de 618 millones por la expropiación sufrida por este grupo en 1980 durante la dictadura militar, llevó a que el abogado Ricardo Monner Sans denunciara penalmente a Felisa Miceli, por el cargo de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Monner Sans acusa –pese a que el pago finalmente no se concretó por la negativa del Senado a ratificar la sanción que tenía en Diputados- a Miceli de plena responsabilidad. Señala que la orden de abonar ese dinero tuvo la anuencia de la secretaria Legal y Técnica de economía, Estela Palomeque, subordinada de la ministra.
Es más: un fallo de una jueza del fuero administrativo obliga a la Ministra de Economía a contestar un pedido de información de los senadores Gerardo Morales y Ernesto Sanz (UCR).
Incógnitas
El Frepaso se olvida de remarcar, como seguramente lo hubieran hecho antes, la oscura maniobra adoptada por Kirchner, siendo gobernador de Santa Cruz, cuando resolvió depositar -según se sostuvo- 600 millones de dólares en el extranjero, pertenecientes a regalías petroleras incorrectamente liquidadas cuando se produjo la privatización de YPF.
Resulta sospechoso, pero no para los ex integrantes del Frepaso, que Kirchner afirmara enfáticamente que ese dinero se encontraba depositado en la Reserva Federal de Estados Unidos, pero desde la misma Reserva lo negaron inmediatamente, aduciendo que no se permitían ni aceptaban depósitos de países extranjeros.
No se pudo saber nunca en forma creíble ni el monto ni el banco donde fueron depositados los dólares, ni cuando ni cuántos de esos fondos retornaron a la provincia.
Finalmente tampoco se pone bajo la lupa las permanentes dudas que se han instalado con respecto a la declaración jurada de los bienes personales que posee Kirchner.
Al respecto, el 15 de abril de 2007, el periodista Serguio Serrichio escribió lo siguiente en su columna política dominical del diario La Voz del Interior: “El nivel y el ritmo del crecimiento de la fortuna presidencial, que se quintuplicó entre 1995 y 2003, antes de que Kirchner asumiera la presidencia, motivaron incluso una denuncia judicial por enriquecimiento ilícito, de la que el Presidente fue sobreseído en una gestión en la que participaron su abogado, Esteban Righi, actual procurador General de la Nación y los jueces Julián Ercolini y Fabián Musso. Todos ellos compartían una cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Kirchner hizo su descargo escrito el 30 de diciembre de 2004, 10 minutos antes del inicio de la feria judicial, precisan los periodistas Pablo Abaid y Mariano Thieberger en el libro Justicia, era Kirchner. El sobreseimiento llegó en marzo”.
“La calidad institucional”
La otra crítica feroz -con sólidos argumentos- que el Frepaso marcaba era la deficiente o nula calidad institucional que exhibía el gobierno de Carlos Menem: decían que no se podía concebir una democracia sin un respeto a los marcos delimitados por las instituciones.
Empero, con el paso del tiempo parece que se licuó este fervor republicano que era una marca de orígen de esta fuerza: es llamativo el silencio sobre algunas circunstancias de la realidad próxima -que se encargan de demostrar que algunas situaciones se mantienen constantes- pese a los cambios de presidentes.
Kirchner resolvió modificar el sistema de nombramiento de miembros correspondientes al Consejo de la Magistratura, proyecto presentado en el Parlamento por la senadora justicialista, Cristina Fernández de Kirchner (pese a lo anterior, no se debe desconocer que cuando asumió esta administración -luego de un reclamo contundente de la ciudadanía-, saneó la Corte Suprema de Justicia, promoviendo juicios políticos a algunos de sus integrantes, sospechados de falta de transparencia en dictámenes y de independencia durante el período del ex mandatario riojano).
Tampoco Kirchner se ha preocupado por reforzar el sistema institucional, con acciones como el intento fallido del apoyo a la re-reelección del Gobernador de Misiones, Carlos Rovira. Es imposible obviar que cuando ejercía el ejecutivo de Santa Cruz aprobó la reelección indefinida a gobernador y ejerció un virulento control sobre la Justicia provincial, afectando su independencia.
Asimismo destaca el politólogo Hugo Quiroga que “entre 1983 y 1989 sólo se dictaron 8 decretos de necesidad y urgencia, cifra muy baja si lo comparamos con las numerosas medidas de excepción utilizadas por los presidentes que le sucedieron, que abusaron de la declaración de emergencia y reclamaron poderes extraordinarios de manera incesante “.
De acuerdo con información expuesta por el Diputado de la UCR, Mario Negri, el Poder Ejecutivo ha dictado 200 decretos de necesidad y urgencia entre el 25 de Mayo de 2003 y el 10 de Agosto de 2006 (“Un regreso al feudalismo”, La Voz del Interior, 10/8/2006)
Por ello no sorprende que se haya sancionado la Ley reglamentaria de los decretos de necesidad y urgencia, que refuerza una política manifiesta de abusar de la potestad constitucional que se otorga al Presidente.
Discrecionalidad
Coherente con esta línea de conducción, el gobierno de Kirchner -aduciendo un estado de emergencia económica- pidió al Congreso Nacional que lo autorizara a reasignar partidas presupuestarias.
Es así que se reformó al artículo 37 de la Ley 24.156 de Administración Financiera – que establece los mecanismos de preparación, elaboración, sanción y ejecución del presupuesto- que otorga facultades al Jefe de Gabinete para decidir una redistribución de las partidas del Presupuesto Nacional.
Pese a que se impide incrementar tanto su monto como aumentar la deuda, el Ejecutivo “toma prestado” atribuciones que le competen al Poder Legislativo, debido a que se lo excusa de tener que pedir autorización al Congreso.
Según Negri, la utilización de fondos fiduciarios por fuera del régimen de administración y control que establece la ley 24.156 comprendieron en el transcurso de 2006 un monto de 4200 millones de pesos (“Un regreso al feudalismo”, La Voz del Interior, 10/8/2006) y durante el año pasado, Alberto Fernández alteró las previsiones presupuestarias en 1,3 % según algunos cálculos y en el 5,2 % según otros, de acuerdo a datos brindados por los Diputados Nacionales del Partido Nuevo, Daniel Giacomino y Francisco Delich (“Poder de gestión y gestión de poder”, La Voz del Interior, 10/8/2006)
El manejo de Fondos Fiduciarios -que consta de millones de pesos para ser distribuidos sin control del Parlamento- produce una perniciosa concentración del poder en manos del Poder Ejecutivo por la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos.
“La Argentina vive en emergencia permanente. La ampliación de las atribuciones del ejecutivo más allá de su esfera normal de acción le ha permitido adquirir facultades legislativas directas en épocas de normalidad. Esos mecanismos están previstos para situaciones de excepción, para hacer frente a los periodos de trastornos y dificultades “, insiste Hugo Quiroga, reafirmando que “el decisionismo democrático limita al Estado de derecho y pone en peligro a la propia democracia que pretende salvaguardar “.
La implicancia de esta solicitud del Poder Ejecutivo de las susodichas atribuciones radica en la gravedad institucional que plantean, sin consideramos que de este modo se viola el artículo 76 de la Constitución Nacional: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materia determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”; como también se viola el artículo 93, inciso 3 de la misma Carta Magna: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo“.
No se entiende muy bien la causa por el cuál el gobierno de Kirchner solicita atribuciones especiales, vinculado a un estado de emergencia económica: en los últimos cuatros años se vienen registrando tasas de crecimiento del PBI del orden del 8 a 9 %; se registra un sólido superávit fiscal y comercial; las reservas superan los 40.000 millones de dólares; se pagó la totalidad de la deuda al FMI; se renegoció la mayor parte de la deuda externa que estaba en posesión de distintos bonistas internacionales y locales y -aunque la inflación resulta difícil de controlar-, se transita un clima de estabilidad macroeconómica.
Mano traviesa
Con respecto al polémico tema de la inflación fue patética la ingerencia del Ejecutivo en el Indec, quien disconforme con el procedimiento de relevamiento de los precios al consumidor efectuado, dispuso el relevo de Graciela Bevaqua -profesional de máxima jerarquía de este organismo estatal independiente-, provocando trascartón la renuncia de su Director, Gerardo Marmora.
Si bien existieron intentos anteriores de condicionar la autonomía del Indec, ningún gobierno anterior se había atrevido a llegar tan lejos, afectando muy seriamente la medición de datos económicos y tirando por la borda la credibilidad que se le reconocía a esta institución.
Pese a que se designó -a mediados de abril de 2007- como nuevo director del instituto a Alejandro Barrios, los cuestionamientos sobre la ingerencia del gobierno mantienen su vigencia.
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