
La publicidad política referencia vívidamente en la actualidad un aspecto trascendental al cuál los políticos le prestan cada vez más atención cuando se trata de “conectarse” con el electorado. El armado de una estrategia convincente, que seduzca convenientemente al votante - mediante mensajes destinados para ser transmitidos masivamente por los medios de comunicación-, se profundiza al adquirir importancia la comunicación política.
Una vertebración exitosa exige destinar ingentes esfuerzos económicos para ser sostenida, conformándose una realidad, al parecer inmodificable de acuerdo a la instalación de esta lógica, por el cuál a un candidato le sea imposible dedicarse a la actividad política, en el caso de que dispusiera de escasos fondos para solventar los elevados costos de las compulsas electorales.
En este contexto, resulta fundamental abordar el sostenimiento económico de las campañas políticas.
La ley nacional 25.600 de financiamiento de los partidos políticos, promulgada por el ex presidente Eduardo Duhalde, indica en su artículo 36 que “el partido y sus candidatos en conjunto, con motivo de la campaña electoral, no podrán recibir un total de recursos privados que supere el monto equivalente a la diferencia entre el tope máximo de gastos de campaña fijado por esta ley (un peso por cada elector habilitado) y el monto del aporte extraordinario para campaña electoral correspondiente al partido o alianza”.
El artículo 40 determina que “los gastos destinados a la campaña que realicen un partido, sus candidatos y cualquier otra persona en su favor, no podrán superar, en conjunto, la suma equivalente a un peso por cada elector habilitado para votar “.
La aplicación de esta ley, con fondos del Presupuesto General de la nación, dispone de asistencia económica a los partidos políticos de la siguiente forma:
Se constituye un
Fondo Partidario Permanente, que consta de un aporte anual para todos los partidos reconocidos. El 80% se distribuye en forma proporcional a la cantidad de votos que cada fuerza consiguió en la última elección de diputados nacionales; el 20% restante se reparte de forma igual entre los partidos reconocidos.
Se completa con un
Financiamiento para campañas electorales, correspondiente a un aporte extraordinario que se acredita para los años en que se llevan a cabo elecciones nacionales, presidenciales y legislativas. El 90% se reparte entre los partidos y alianzas que hayan presentado listas de candidatos para elección de cargos públicos electivos nacionales. De ese 90%, el 30% es un monto igualitario para todos las fuerzas participantes; el 70% corresponde a un monto proporcional a la cantidad de votos conseguidos en la última elección de diputados nacionales.
Control
En cuanto al financiamiento de aportantes privados se encuentra regulado por la ley nacional: se impide que una empresa aporte más del uno por ciento del total del presupuesto de campaña y queda absolutamente prohibido las donaciones anónimas, de contratistas del Estado, de empresas de juegos de azar, de compañías extranjeras, entre otros.
Esta prerrogativa se aplicó por primera vez en las elecciones para legisladores de 2005.
La idea concurrente de todas estas disposiciones apuntan a reducir los gastos de las campañas, a incrementar los fondos públicos para su sostenimiento y, fundamentalmente, a regular los aportes económicos privados.
Pero, por la experiencia que se posee, lamentablemente lo que está escrito en la ley es
muy difícil de ser llevada a la práctica: los políticos y los partidos políticos se resisten a ver condicionados sus márgenes de acción y, en este sentido, ya sabemos que rara vez cumplen con las normas.
El desconocimiento sobre los gastos de las campañas políticas en Argentina son una constante.
La falta de credibilidad de los montos informados por los partidos y los candidatos, expuestos en la discordancia entre las cifras brindadas y los gastos reales de las campañas- con centro en las publicidades pautadas en los medios-, llevan a afirmar que el escrutinio de este asunto se ha transformado en una “caja de pandora”, donde todo es posible.
Tendencia global
Algunos datos de lo que ocurre en Estados Unidos sirven para tener una real dimensión de la magnitud de los dineros en danza, que por supuesto no son comparables con la realidad nacional pero marcan una tendencia incontrastable.
Serge Halimi –periodista- y Loic Wacquant –sociólogo- aseguraban en el artículo “Cuando las empresas “invierten”4.000 millones de dólares”, Le Monde diplomatique (diciembre de 2000), que “en Estados Unidos, en materia de financiamiento electoral, sólo hay tres reglas: la inflación galopante; el óbolo proviene de las empresas; no es desinteresado. ¿Inflación galopante? Cada ciclo electoral pulveriza los récords del precedente: mil millones de dólares en 1992, más de dos mil millones en 1996, de tres a cuatro mil millones en 2000. Solamente las dos convenciones políticas televisivas del verano pasado, la republicana en Filadelfia y la demócrata anual de Mali, costaron el doble del presupuesto nacional anual de Mali, con 11 millones de habitantes “.
La revista especializada Compaigns & Elections, asegura que los gastos políticos en un período de cuatro años vinculado a las campaña políticas alcanza la friolera de 14 mil millones de dólares.
En tanto, la consultora de empresas Paine Weber , tomando como referencia el año 2000, precisó que los gastos de campaña habían trepado a más de mil millones de dólares.
La política es uno de los rubros en el cuál más se invierte en spots publicitarios, solo superado por la industria automotriz y el comercio minorista y las elecciones representan el tercer ingreso en publicidad de los canales de televisión.
En las primarias de ese año, los 13 principales candidatos inviertieron 450 millones de dólares y los candidatos George W. Bush y Al Gore destinaron en conjunto 300 millones de dólares para las presidenciales.
¿Generosidad desinteresada?, se preguntaban Halimi y Wacquant en el mismo artículo.
Al respecto, traen a colación lo publicado por la revista Time Warner (del grupo AOL), que sostuvo en una de sus investigaciones que “Washington no dejó de favorecer a quienes pagan en detrimento de quienes no pagan “.
Referenciaban -en “Cuando las empresas “invierten”4.000 millones de dólares”- que “los estadounidenses que garantizan lo esencial del financiamiento electoral no representan a más del 0,1% de la población, pero tienen asegurado su acceso a los responsabilidades administrativos y parlamentarios “.
Y sus derivaciones son de una gravedad inusitada porque se enlazan con una política que obstruye el paso a nuevos referentes y, como paso próximo, activa la corrupción.
Halimi y Wacquant concluyen que “tanto dinero no deja de tener consecuencias: 92 % de los representantes y 88% de los senadores electos son los candidatos que más gastaron. A menudo, su ventaja financiera deriva del hecho que son los candidatos salientes –reelectos en el 95% de los casos- y que han hecho algunos favores tarifados “.
Complementario, la Red se convierte en un instrumento excelente para recaudar fondos: en el 2000, en las elecciones primarias para las elecciones a presidente de este país, el candidato republicano John Mcain recaudó en pocos días la cifra de 20 millones de dólares.
“Corazón” de la flexibilidad
En Córdoba, la Constitución provincial se compromete a garantizar el sostenimiento de los partidos políticos mediante “la contribución económica del Estado”.
Aunque existe una ley orgánica de los partidos políticos en Córdoba que fija la creación de un Fondo Partidario Permanente –en el cuál el Ministerio de Gobierno debe distribuir los recursos establecidos-, todavía no se ha reglamentado. Como consecuencia de esto, los partidos en nuestra provincia son financiados con fondos nacionales y aportes privados y de los afiliados.
Con relación a los aportes privados, no existen límites para las contribuciones individuales ni se obliga a difundir la identidad de los aportantes.
No se fijan límites a los tiempos de duración de las campañas electorales ni se impone topes a sus gastos.
Tampoco se establece control a lo gastado en las elecciones internas de los partidos.
Al respecto, el gobernado José Manuel De la Sota propuso, a fines de 2006, limitar a 45 días el periodo de las campañas electorales y que el Estado se haga cargo de cubrir la totalidad de los gastos de las campañas publicitarias de los partidos.
No obstante, De la Sota se olvida que su gobierno presentó un proyecto -que la Legislatura de la provincia sancionó el 20 de febrero de 2002 y fue promulgada el 22 del mismo mes-, que estipula una modificación de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, por el cuál se restringe los controles externos a los fondos manejados por los partidos políticos.
El artículo 52 inciso b) de la norma estipulaba la presentación de los balances
“certificados por contador público nacional y por los órganos de control del partido”, pero la reforma -presentada por el bloque de Unión por Córdoba- sólo exige que dentro de los 60 días de finalizado cada ejercicio, se presente al juez electoral el estado anual de su patrimonio y la cuenta de ingresos y egresos del ejercicio
“certificados por contador público nacional o por los órganos de control del partido”.
Esta ley, en plena vigencia, implica que se eluden los controles externos al financiamiento de los partidos políticos, disponiendo que los partidos pueden controlarse por su cuenta y pasan a autoregularse a través de la instancia de la Comisión Revisora de Cuentas del mismo órgano partidario.
Ya no es necesario, como se obligaba anteriormente, que los balances partidarios sean firmados por un contador público y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
En un momento sensible en que la sociedad demanda a sus dirigentes actitudes y acciones transparentes en el ejercicio de la función pública, esta decisión va a contramano de esa aspiración, porque quita controles cuando debería ser al revés.
Entretanto, como sucede últimamente en cada elección que se avecina, los políticos organizan cenas con empresarios para recaudar fondos. Los empresarios concurren a todas esas reuniones aportando sus dineros -garantizando cualquiera sea el resultado que el ganador contó con sus aportes-, condicionando seguramente después la “voluntad” de ese candidato.
La magnitud de esta “forma” de obtener dinero para financiar las campañas políticas, se vio sacudida con la venta de tarjetas con montos de hasta 10.000 pesos, para la cena del postulante a Intendente por el Frente para la Victoria, Héctor Campana, realizada el 27 de abril de 2007.
Una ciudadanía descreída
El filósofo político, Diego Tatián, señala en forma pesimista, pero quizás realista, que “la transparencia de la política es una aspiración necesaria pero irrealizable “.
Doctor en Filosofía y profesor de filosofía política en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, reafirma que “el problema de fondo es el financiamiento privado de la política y el conjunto de condicionamientos para el desempeño normal de los políticos y de los partidos políticos. Si nos ubicamos dentro de un realismo político extricto y de lo que pasa empíricamente, siempre ha habido un financiamiento que ha sido oscuro, que no está puesto sobre la mesa. En la medida en que haya intereses y cuestiones de poder en juego, esto se va a producir. El problema es cómo reacciona una sociedad para que se de en una mínima cuota, en una mínima medida. Es inevitable que esto ocurra: siempre que hay intereses, hay gente que va a invertir en la defensa de esos intereses y, en este caso, determinados sectores políticos pueden lograr ciertos favores legales o ilegales “.
Desde hace muchos años se viene poniendo bajo la lupa los condicionamientos que la actividad política encuentra para su desempeño, agravados cada vez más por la profundización de su mediatización.
“El financiamiento de la política crea compromisos y una determinación de las acciones de gobierno: hay pactos. El financiamiento privado de la política no es gratis porque es una inversión que hace el político para la obtención de ciertas prebendas o para la realización de ciertos intereses. Es absolutamente perjudicial y antidemocrático que la política se financie, en su mayor parte, de manera privada “, razona, exhortando que “tendría que haber una igualdad de posiciones en el acceso a los medios, cosa que obviamente no ocurre”.
Actores claves de este proceso, los partidos políticos parecen mirar para otro lado y no se hacen cargo de sus responsabilidades para oxigenar una intermediación que se muestra dificultosa con la sociedad.
“Los partidos políticos hacen uso de pequeñas razones partidarias, que significa no dar publicidad ni el origen ni el destino de sus fondos. Esto atenta contra la posibilidad de un encuentro entre los políticos y la sociedad, en la medida que la gente está reclamando obviamente otras cosas “, opina.
Muchas alternativas se escuchan para revertir o modificar una situación cuestionable que daña la salud del sistema institucional argentino, impidiendo alcanzar mejores pautas de confiabilidad.
Tatián propone “no financiar a los partidos políticos en virtud de sus votos, tantos votos tantos pesos, sino que se tiene que separar estos dos elementos y promover financieramente un sistema democrático lo más pluralista posible, independientemente de la magnitud del partido político, de la cantidad de votos que obtenga. Esto mejoraría la relación con los representados en el sentido de que este es un sistema electoral chantajista, en el que en general el voto es normalmente negativo. Se vota a alguien para que no gane el otro. Si hubiera una oferta electoral real y más amplia se sinceraría el mapa político argentino. Cada uno votaría positivamente y no en contra de alguien. No hay ningún interés en promover un sistema electoral de este tipo por parte de las fuerzas mayoritarias “.